En un fallo histórico, la justicia estadounidense responsabilizó el lunes a la bananera Chiquita Brands por financiar paramilitares en Colombia. El veredicto contrasta con el escaso avance de la justicia colombiana sobre presuntas relaciones entre multinacionales y estos escuadrones de ultraderecha.El jurado convocado por un tribunal federal de Florida concedió una indemnización de 38,3 millones de dólares a los familiares de ocho víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), autores de cientos de asesinatos en la región de Urabá (noroeste).Aunque Chiquita Brands asegura que fue víctima de extorsiones, con su dinero los paramilitares sembraron terror durante los años 90 y principios de siglo en Colombia.Coca-Cola, la petrolera BP y la minera Drummond son algunas de las compañías denunciadas por posibles vínculos con estos grupos armados, aunque todas rechazan estos señalamientos. "¿Por qué la justicia de Estados Unidos pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo? (...) ¿Por qué no pudo la justicia colombiana?", preguntó en la red social X el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha denunciado insistentemente las atrocidades que cometieron los paramilitares en su lucha contra las guerrillas de izquierda. - Sin precedentes -Petro clamó por la creación de "un tribunal de cierre" para estos casos, permeados por poderosos intereses. En Apartadó, un municipio del Urabá, familias aplaudieron el fallo contra Chiquita. Mi "hijo fue desaparecido" por las AUC, "no me lo van a devolver pero al menos me siento tranquila (...) al menos a uno ya le dan una respuesta", comentó a la AFP Miriam Castillo, madre de un joven de 20 años víctima de los paramilitares. Según EarthRights, la ONG que representó a las víctimas ante una corte de la Florida, "es la primera vez que un jurado estadounidense responsabiliza a una gran corporación por su complicidad en graves abusos de derechos humanos en otro país". Chiquita habría pagado a los paramilitares "tres centavos de dólar por caja (de banano) exportada", según el defensor de derechos humanos y exdirector de la estatal Agencia Nacional de Tierras de Colombia, Gerardo Vega.- Carbón y fusiles -En el pasado, otras demandas similares ha sido desestimadas por la justicia del país norteamericano.En 2009, un juez de Miami falló en contra de Sinaltrainal, un sindicato de trabajadores de una filial colombiana de Coca-Cola que denunció al gigante de las bebidas azucaradas por financiar a paramilitares que asesinaron a tres de sus integrantes.  Según el juez, los demandantes no lograron probar los vínculos de Coca-Cola con el grupo armado y los hechos ocurrieron demasiado lejos de la jurisdicción estadounidense. En 2020 la ONU condenó a Colombia por no brindar "un recurso judicial efectivo" para esclarecer los autores intelectuales del asesinato de Adolfo Munera, integrante Sinaltrainal baleado en 2002. La justicia estadounidense también desestimó en 2015 una denuncia contra la minera estadounidense Drummond por posible financiamiento de paramilitares, en un caso que sí ha tenido avances en la justicia colombiana. La fiscalía ya acusó a dos directivos de la empresa en Colombia por haber financiado a actores armados a cambio de que vigilaran explotaciones de carbón en el norte del país. El juez que lleva el expediente aún no ha fallado. Tras su desmovilización en 2005, integrantes de AUC testificaron sobre sus supuestos vínculos con Drummond y la minera suiza Glencore, que operó en Colombia a través de una subsidiaria llamada Prodeco.  - Sindicalista raptado -En 2002, el sindicalista colombiano Gilberto Torres fue secuestrado y torturado durante 47 días por paramilitares en el departamento de Casanare (este).  Torres había liderado una huelga en un campo explotado en parte por Ocensa, una filial colombiana del gigante petrolero británico BP.En 2015 denunció a BP ante la justicia británica por su supuesta responsabilidad en el ataque. El caso tuvo pocos avances y un año después Torres desistió de su causa alegando falta de recursos financieros. En Colombia la justicia condenó a un paramilitar conocido como alias Solin por el secuestro. En su fallo, el juez determinó que existen "suficientes elementos de juicio" sobre "la participación de la multinacional Ocensa en el rapto". La compañía no ha sido llevada a juicio en Colombia por estos hechos. "Falta que los jueces colombianos condenen a la empresas que, como Chiquita", financiaron paramilitares, clamó Gerardo Vega. jss/das/dga/ag