Yahoo Noticias El país de los feminicidios disfrazados: sólo 0.6% de casos alcanzan la justicia en México
En la tarde del 16 de abril de 2020, cuando México apenas llevaba un mes en alerta sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la gente vivía con miedo de salir de sus casas por el riesgo de adquirir la mortal enfermedad, en el Instituto Materno Infantil de la Ciudad de Toluca se presentó Ana, una joven de 17 años que solicitaba atención de urgencia para la bebé de tres meses que llevaba en brazos, sobrina suya, según informó al personal médico.
La bebé, que apenas respiraba, había sido golpeada con tal fuerza en el costado derecho de su cabeza que presentaba un hundimiento, además de que sangraba por la oreja y un moretón se extendía de un extremo al otro de su cráneo.
Según los reportes oficiales de la Secretaría de Salud federal, sólo en 2020, mientras las familias mexicanas se guarecían de la pandemia dentro de sus viviendas, al menos 124 bebés menores de un año fueron presentados en hospitales del sector público, tal como esta niña de tres meses de edad, luego de ser víctimas de una agresión intencional. En tres de cada cuatro casos, según estos registros, los agresores fueron sus familiares.
Debido a que los autores de estas agresiones suelen tratar de hacerlas pasar por accidentes, los protocolos de atención hospitalaria mexicanos establecen que el personal de salud debe dar aviso a las autoridades judiciales sobre toda posible víctima de violencia infantil, garantizando así su protección.
En el caso de la bebé con la lesión en la cabeza que fue atendida esa tarde abril de 2020 en el Hospital Materno Infantil de Toluca, afortunadamente, esos protocolos fueron aplicados de forma correcta, por lo que la atención médica para la niña fue inmediata y, además, la joven que la presentó fue sutilmente retenida por el personal de salud, pretextuando la necesidad de su presencia para la realización de trámites burocráticos, en tanto se daba aviso a las autoridades ministeriales.
Sin embargo, esta alerta a la que están obligadas las autoridades de salud no siempre es emitida, ya sea por falta de voluntad o de conocimiento sobre estos protocolos entre el personal de salud, razón por la que, por ejemplo, de los 124 bebés menores de un año que fueron atendidos en hospitales públicos por lesiones intencionales durante el año 2020, sólo en la mitad de casos se notificó al Ministerio Público.
“Así fue como recibimos la ‘noticia criminal’ sobre este caso –explica la maestra Nelly Montealegre, en ese momento coordinadora especial de investigación sobre delitos de género y violencia contra la mujer en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México–. Las autoridades de ese hospital se comunicaron con la Procuraduría de Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, porque el hospital está en esa entidad, y ellos, inmediatamente después, se pusieron en contacto con la Fiscalía de la Ciudad de México, porque la joven que presentó a la bebé refirió que había sido agredida aquí, en la capital del país. Por eso intervenimos, aunque antes tuvimos que realizar todos los trámites necesarios para ingresar a esa entidad porque, sin un acuerdo de colaboración autorizado, ninguna de nuestras actuaciones estaría revestida de legalidad”.
Estos trámites, lamenta la especialista, son algunas “formalidades” establecidas en el sistema de justicia, que suelen retrasar el inicio de las investigaciones y que, para ser resueltas sin faltar al debido proceso, reclaman de los funcionarios públicos involucrados un interés y compromiso profesional que no todos poseen.
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En el caso de esa bebé con la lesión en la cabeza, ejemplifica la mestra Montealegre, “la procuradora de atención a la niñez del Estado de México y yo, como responsable de la investigación de delitos contra las mujeres de la capital, tuvimos que coordinarnos de forma personal, para que no se perdiera tiempo en trámites: acordamos que ella iniciaría inmediatamente una carpeta de investigación por lesiones en contra de la menor, que luego se vinculó con los trabajos que emprendimos en la capital, y también ellos realizaron el primer interrogatorio a la joven que había llevado a la bebé al hospital, para empezar a conocer los detalles de lo ocurrido. Mientras tanto, yo solicité al DIF de la Ciudad de México, que es una autoridad administrativa y sí puede acudir a recabar información sin fines ministeriales, que enviara un equipo de especialistas para hablar con esa joven. Porque ella, en ese momento, era nuestra principal sospechosa, pero también estaba atravesando una crisis de estrés postraumático, ella pensaba que su hermana, la mamá de la bebé, había sido raptada y estaba muy consternada”.
Diseño: Nadia Núñez @naddnuk y Darien Cruz @darien_cl
El caso de María y su bebé
Según lo dicho por la joven, en el momento de los hechos, ella compartía un cuarto rentado en Cuajimalpa, en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, con su hermana mayor, María, de 19 años de edad, así como con el concubino de ésta, Darío, de 24 años, quienes recientemente habían procreado a la bebé lesionada (para proteger la identidad de las víctimas, los nombres de las personas aquí referidas fueron sustituidos por pseudónimos).
Esa tarde, explicó la joven, quien laboraba como trabajadora doméstica y pasaba todo el día fuera de casa, al volver del trabajo encontró el cuarto que ocupaba totalmente revuelto, con ropa y enseres tirados por todo el lugar y con los pocos muebles que poseían desacomodados.
Fue en ese instante, afirmó, cuando escuchó el llanto de su sobrina debajo de una de las dos camas que había en el lugar, por lo que inmediatamente la levantó y, sin pensar más, la trasladó al hospital infantil de Toluca, el más cercano a su vivienda, para que recibiera auxilio médico.
Sobre el paradero de su hermana María, mamá de la bebé, y de su concubino, el progenitor, dijo no saber nada, aunque aseguró que Darío era una persona violenta, que golpeaba constantemente a su hermana y que despreciaba profundamente a la recién nacida.
“Esta pareja tenía un año y medio viviendo en concubinato –explica la maestra Montealegre–. De hecho, cuando iniciaron esta relación, la víctima todavía era menor de edad y siempre estuvo sometida a violencia. Este sujeto, que no tenía trabajo regular y era consumidor de diversas drogas, la golpeaba incluso enfrente de su familia, pero ella estaba muy ilusionada con tener a su bebé, le decía a su familia que no quería separarse de Darío, para no dejar a su hija sin papá. Estaba todavía en la idea romántica de que todo iba a cambiar cuando naciera la niña. Pero cuando eso ocurrió, el tema de la violencia se agudizó, él decía que la niña no era suya y las agredía, especialmente cuando la bebé lloraba. Eso explica por qué, cuando la niña llegó herida al hospital, ni siquiera tenía acta de nacimiento: no estaba inscrita en el Registro Civil porque él se negaba a reconocerla”.
Gracias a esta voluntad de iniciar la investigación de forma separada, pero simultánea, tanto en el Estado de México como en la aledaña capital del país (investigaciones que luego habrían de juntarse), fue posible comenzar a recabar evidencias en las primeras horas posteriores a los hechos, tiempo crucial para las indagatorias que, de otra forma, se habría perdido en espera de que el acuerdo de colaboración entre fiscalías se formalizara.
“Rápidamente pudimos hablar con esa joven que llevó a la niña al hospital y nos pudimos percatar de que había otras personas involucradas en el cuidado de la menor, a las que debíamos encontrar, porque no sabíamos si ellas habían ocasionado la lesión, o si también eran víctimas de algún delito”, recuerda la maestra Montealegre.
Por esa razón, el mismo día de los hechos, las autoridades capitalinas acudieron al cuarto donde vivían las víctimas, en la alcaldía Cuajimalpa.
“Ahí estaban viviendo, en condiciones muy humildes –señala la especialista–. Tenían muy pocas cosas, pocos muebles, sólo tenían un ropero chiquito, sin puertas, y la mayor parte de su ropa la guardaban en cajas de cartón grandes. En una de esas cajas, que estaba sobre una cama, cubierta de ropa, se encontró el cuerpo de María, la mamá de la bebé, con signos de violencia… Ahí nos dimos cuenta que no era un crimen el que teníamos ante nosotras, sino dos”.
Trabajo de campo para resolver casos de feminicidio en México
Según establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda autoridad involucrada en la investigación de un hecho delictivo está obligada a preservar las evidencias presentes en los sitios donde éstos fueron cometidos. Sin embargo, buena parte del personal a cargo de labores de seguridad pública o de procuración de justicia no cuenta con la formación y, en muchos casos, tampoco con la integridad profesional requeridas para este cuidado al debido proceso.
En el caso de María, por ejemplo, los policías preventivos de la Ciudad de México que llegaron al domicilio donde fue hallado su cadáver, efectivamente, establecieron un acordonamiento de seguridad, para impedir que personas no autorizadas ingresaran a la escena del crimen, tal como establecen los protocolos en la materia. Pero en vez de vigilar que ese cinturón de seguridad fuera respetado, dichos policías preventivos ilegalmente lo atravesaron, para tomar fotografías del cuerpo de María, que ese mismo día entregaron a un grupo de periodistas sensacionalistas, cuyo negocio es difundir imágenes sobre hechos violentos, violando la secrecía de las investigaciones ministeriales que están en curso, así como los derechos procesales tanto de víctimas como de indiciados.
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“Esa es una práctica arraigada entre el personal de la policía preventiva, entre policías de investigación y, también, entre peritos –lamenta la maestra Montealegre– y demuestra que en estos organismos persiste el incumplimiento de los deberes éticos, y aunque se ha trabajado mucho en este aspecto, incluso se logró tipificar la filtración de este tipo de datos como un delito, estas situaciones siguen ocurriendo. Y eso es reflejo no sólo de falta de profesionalismo entre los operadores del sistema de justicia, sino también de la falta de voluntad política para modificar estas formas de proceder, entre las autoridades que encabezan la administración pública, entre quienes diseñan la política pública.”
Esta práctica cotidiana de filtración con fines amarillistas, que en muchos casos ha sido empleada por las autoridades para desacreditar a las mismas víctimas y reducir la presión pública para el esclarecimiento de crímenes, es una muestra de la poca sensibilidad con la que las instituciones de justicia abordan los procesos a su cargo, especialmente tratándose de violencia de género.
México tiene sólo 187 agentes ministeriales para investigar delitos de género y violencia contra las mujeres
Aunque la mejor evidencia de esta falta de empatía con las víctimas está en las nóminas de dichas instituciones, puesto que en todo el país sólo se cuenta con 187 agentes ministeriales, mayoritariamente mujeres, encargadas de investigar los delitos de género o relacionados con violencia contra la mujer, según el más reciente Censo de Procuración de Justicia Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
Si los 7,005 asesinatos de mujeres con características de feminicidio que fueron registrados entre 2015 y 2021 se dividieran entre el número de agentes especializadas en estos delitos con las que cuentan las fiscalías mexicanas, a cada agente ministerial le tocaría investigar, en promedio, 38 casos al mismo tiempo. Eso explica, en parte, el bajo índice de sentencias condenatorias, apenas del 5% del total de casos registrados, que estas agentes logran.
Diseño: Nadia Núñez @naddnuk
No obstante, visto desde la perspectiva de los resultados obtenidos, ese grupo de 187 agentes del Ministerio Público especializadas en delitos de género alcanza cuatro veces más sentencias condenatorias en materia de feminicidios, que los 343 agentes encargados de esclarecer el resto de los homicidios dolosos ocurridos en el país, cuyo promedio de condenas con pena carcelaria, entre 2015 y 2021, fue sólo de 1.3% del total de casos.
“La investigación del delito es un trabajo científico y multidisciplinario –señala la maestra Montealegre–, y son distintos equipos los que intervienen en este proceso. Entonces, sin la buena coordinación y el desempeño profesional de cada área, es muy difícil lograr resultados. En el caso concreto de María y su bebé, además, la ciencia era lo único que nos podía explicar qué había ocurrido, porque éste fue un crimen sin testigos”.
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¿Cómo se investiga en México un caso de feminicidio?
Una vez que el cuerpo de María fue localizado, se iniciaron tres procesos de investigación judicial: primero, el cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, para que se realizara un dictamen de necropsia que permitiera conocer las lesiones ocasionadas a la víctima, la forma y secuencia en que fueron inflingidas, cuál de ellas provocó la muerte, así como el momento en que ésta ocurrió.
Luego, con esta información, más aquella derivada de los estudios médicos realizados a la bebé sobreviviente, un equipo de peritos expertos en criminalística volvió al cuarto donde fueron encontradas primero la bebé lesionada y, luego, su madre asesinada, para analizar la disposición de todos los elementos presentes dentro: los muebles, los enseres domésticos y las huellas de violencia.
Simultáneamente, un grupo de policías de investigación habló con los vecinos, para recabar indicios sobre el contexto en el que se desenvolvía la joven agredida, así como para identificar cámaras de seguridad en la zona, que pudieran proveer información sobre los movimientos alrededor del inmueble.
Al correlacionar la información que derivó de los dictámenes forenses, médicos y criminalísticos, el equipo de investigación encargado de este caso pudo reconstruir la secuencia de hechos.
Según estas conclusiones, entre las 6:40 y las 7:00 horas de ese 16 de abril, María fue atacada mientras cuidaba a su bebé, dentro del cuarto en el que vivía.
La joven fue golpeada, agredida sexualmente y estrangulada. Luego, el atacante introdujo su cadáver dentro de una caja de cartón que colocó sobre una de las dos camas que había en el lugar.
Finalmente, golpeó a la bebé en la cabeza y dejó su cuerpo debajo de la misma cama. Tomó una mochila, guardó dentro algunas prendas de vestir, su teléfono celular, y huyó, creyendo muertas a sus dos víctimas.
En algún momento después de la agresión, sin embargo, la bebé recuperó la conciencia y comenzó a llorar. Así fue hallada por su tía, seis horas después, cuando volvió al lugar, luego de su jornada laboral.
Actos de precisión
En el caso de los crímenes cometidos en abril de 2020 en contra de María y de su bebé de 3 meses, siempre existió la intención oficial de que fueran procesados penalmente como feminicidio (uno consumado y el otro en grado de tentativa).
Sin embargo, detalla la maestra Nelly Montealegre, “para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México aceptara este caso como feminicidio, era necesario que tuviéramos bien sustentada la carpeta de investigación: necesitábamos tener bien documentada la violencia de género, lo cual logramos mediante los dictámenes de criminalística y medicina legal; pero también era necesario que tuviéramos bien probada la autoría de estos crímenes, ya que para iniciar un juicio no sólo es necesario tener evidencias del delito, sino también debes tener identificado al posible autor y contar con pruebas de su relación con los hechos”.
La clave para identificar al agresor en este caso, explica la especialista, fue el rastreo de campo realizado por agentes de la Policía de Investigación. “Para los trabajos de la Fiscalía de Feminicidios, contábamos con una comandanta de la Policía de Investigación muy eficiente (el nombre de esta funcionaria se omite en este reportaje, para evitar riesgos a su seguridad). Una mujer sumamente capaz era la que encabezaba esas labores y su equipo logró rápidamente identificar la cámara de seguridad de un vecino, que estaba en el ángulo adecuado para registrar los movimientos fuera de la vivienda donde ocurrieron los hechos”.
Con las imágenes de esa cámara, el equipo de investigación encargado del caso pudo descartar las sospechas que mantenían contra Ana, la tía de la bebé que la había llevado al hospital, y confirmar que la única persona que había estado dentro del inmueble cuando se cometió el feminicidio de María fue su concubino, Darío, al que luego se ve escapar, sin mucha prisa.
“La revisión de todas estas evidencias –reconoce la especialista–, no fue necesariamente rápida. Debemos recordar que estaba apenas iniciando la pandemia y, por esa razón, los procesos administrativos de todas las áreas de gobierno estaban entorpecidos, con equipos de trabajo reducidos, en horarios fragmentados. El análisis de las imágenes, por ejemplo, fue relativamente rápido, pero hay otros dictámenes que incluyen diversos procedimientos científicos que se llevan su tiempo y, si a eso le sumas la carencia de personal, más tiempo demandan las cosas. En el caso de los equipos periciales de la Ciudad de México, las guardias son de 24 horas de trabajo por 24 de descanso. Entonces, si un perito inicia un dictamen que por sus características toma más de 24 horas, en algún momento terminará su turno y ese dictamen se quedará detenido las siguientes 24 horas, hasta que el perito encargado vuelva y retome su labor donde la dejó. Y ese ciclo se repite todas las veces que sea necesario, hasta que el dictamen queda completado”.
Todo un mes requirieron los equipos periciales de la Fiscalía de justicia capitalina para concluir estos dictámenes y, luego de concatenar todas las evidencias que dichos estudios arrojaron, el 19 de junio de 2020 fue posible presentar el expediente del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el cual determinó que había suficientes elementos para emitir una orden de aprehensión en contra de Darío, por su posible responsabilidad en el feminicidio consumado de María y el feminicidio en grado de tentativa contra su hija de tres meses.
“En ese momento, al inicio de la pandemia, lograr que se emitiera una orden de aprehensión era sumamente complicado –advierte la excoordinadora de investigación de delitos de género en la capital del país–, porque los tribunales de justicia estaban trabajando a su mínima capacidad debido la emergencia sanitaria y, para administrar mejor sus recursos limitados, rechazaban todo lo que no estuviera sólidamente sustentado. Entonces, nosotras no podíamos arriesgarnos a que, por una falla en la integración del expediente, el procedimiento jurídico se postergara todavía más. Por eso, la audiencia en la que se solicitó a un juez dicha orden de captura la tramitamos un mes después de los hechos”.
En todo ese tiempo, no obstante, la investigación ministerial continuó. Para poder ubicar a Darío, el equipo de Policía de Investigación asignado al caso emprendió un rastreo en tiempo real de su teléfono celular, aparato que luego del crimen fue apagado.
Este rastreo se mantuvo activo todos los días de los siguientes ocho meses, hasta que, finalmente, en diciembre de 2020, el agresor se sintió suficientemente confiado en haber eludido la persecución de las autoridades y encendió el celular.
“Mediante consultas con familiares de las víctimas y también con vecinos, los policías de investigación ubicaron muy rápidamente distintas casas de Cuajimalpa, en donde vivían familiares del agresor –señala la maestra Montealegre– y en ellas se mantuvo una vigilancia constante, para que en el momento en que se emitiera la orden de aprehensión, pudiéramos tener certeza del lugar donde se hallaba. Sin embargo, cuando el expediente quedó completado y obtuvimos la orden de captura, el agresor ya había escapado de la Ciudad de México”.
Y así, prófugo, permaneció hasta que activó su celular y la Policía de Investigación de la capital del país finalmente pudo localizarlo en el estado de Guerrero, donde fue capturado el 23 de diciembre de 2020, un día antes de Nochebuena.
Veredictos y feminicidios
A pesar de que Darío se declaró inocente y durante el juicio en su contra ejerció su derecho a no declarar, en marzo de 2022 fue hallado culpable, debido al cúmulo de pruebas presentado en su contra.
Por el feminicidio de María fue sentenciado a 70 años de prisión, más otros 46 años y ocho meses por la tentativa de feminicidio en agravio de la bebé.
Además, se le impuso el pago de una indemnización económica que, no obstante, está impedido para cubrir, por carecer de patrimonio y porque pasará gran parte de lo que le resta de vida en prisión, sin la posibilidad real de generar esos recursos.
Los crímenes cometidos en contra de María y su hija de tres meses, por lo tanto, forman parte del minoritario grupo de feminicidios en los que no sólo se identificó, capturó, enjuició, condenó e impuso una pena carcelaria a los responsables, sino que en los que, además, esa pena fue acorde con lo establecido en la ley. Según los registros de las autoridades, de los al menos 7,005 asesinatos con características de feminicidio registrados entre 2015 y 2021 en México, únicamente en 48 casos se completó dicha cadena de justicia, es decir, 0.6% del total.
“Cada vez que se cierra una de estas investigaciones y procesos penales, la misma sensación de impotencia vuelve –reconoce la maestra Montealegre–. Son casos en los que, por una u otra razón, queda el sentimiento de que las víctimas pudieron haber sido salvadas. En el caso de María y su hija, todo mundo sabía que eran violentadas: lo sabían los miembros de su familia, incluso presenciaron cuando él llegó a golpearla… lo sabía hasta el casero que les rentaba el cuarto, pero nadie dijo nada. Todos asumieron que de esa forma respetaban la decisión de esta joven de seguir en esa relación. Ella misma, jamás se acercó a ninguna autoridad para reportar lo que estaba viviendo. Entonces, sí: como mujer, como mamá, como la encargada de ese tipo de investigaciones que era en ese momento, lo que me queda es la impotencia de saber que esa joven pudo ser salvada y que fue víctima de su agresor, sí, pero también del contexto que la rodeaba”.
“Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).”
